La diputada nacional Fabiana Ríos consideró un retroceso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura ya sancionado en el Senado y que es casi tema excluyente en la Cámara baja. Lamentó el acompañamiento anticipado del representante del FUP, y repudió una relación Provincia-Nación que prioriza los intereses del Presidente. Dijo que se busca eliminar de la decisión de enjuiciamiento y selección de jueces a las minorías y a los sectores que el gobierno nacional no puede manejar.
La intención del oficialismo de reducir la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura es rechazada desde el ARI desde sus orígenes y el tema se ha convertido en el eje del debate dentro de la Cámara de Diputados.Fabiana Ríos advirtió que es posible que el presidente Kirchner logre los votos necesarios, para dar el paso que complementa la aprobación que ya dio el Senado al proyecto.Recordó que sobre fines de diciembre, en el ámbito de la comisión de Asuntos Constitucionales, se debatió la cuestión luego de frustrarse una sesión convocada de improviso ante la reacción adversa de los sectores que se oponen a la neutralización de las minorías dentro del Congreso, y que participaron en la reforma que permitió equilibrar fuerzas en el organismo de designación de jueces.“Las mayorías no dan razones. Las mayorías deciden, pero no dan razones”, recordó Ríos, citando palabras de Elisa Carrió en la reunión de diciembre del 2005 de la que participaron asociaciones no gubernamentales vinculadas con el tema. La principal referente nacional del ARI, según quedó consignado en la versión taquigráfica del encuentro, había dicho también que “el argumento de la mayoría nos conduce, si sólo es mayoría, al más feroz autoritarismo. Es cierto que en nombre de la mayoría pueden decidir, pero también en nombre de mayorías autoritarias se pueden llegar a ciénagas de las que no se puede salir… Cuando las mayorías abusan de esa mayoría legítimamente obtenida, eso se llama exceso de poder”, agregaba Carrió, advirtiendo que en ese camino no hay autolimitación de los excesos, y que tarde o temprano quienes los cometen no deberán enfrentar a los opositores, sino “a los que les creyeron”.Casi a medida de la reciente realidad fueguina, Carrió invitó entonces a “parar antes de que sea demasiado tarde”, considerando que el éxito o fracaso de la primera dama no debe medirse por la sanción de este proyecto que para varios sectores es un claro retroceso.
Cebos e intercambios
Bajo la apariencia de la reducción del costo político y burocrático, el oficialismo sostiene la necesidad de reducir la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 integrantes, cuando en realidad el organismo insume el 2% del presupuesto del Poder Judicial, según datos aportados por la diputada Ríos. “Hay más de 20 temas incluidos por el bloque del oficialismo para sesiones extraordinarias, pero lo único que aparece como tema excluyente es el Consejo de la Magistratura”, subrayó, informando que si bien estaba previsto tratarse la primera semana de febrero se habría postergado para el 22 de este mes. “Habrían conseguido los votos y están negociando con los gobernadores de provincia febrilmente –aseguró-, de hecho Tierra del Fuego dio a conocer la posición favorable del diputado del FUP. Esto nos resulta sumamente preocupante, porque las relacione Provincia-Nación se van tejiendo sobre los intereses del gobierno nacional y no sobre resultados de las políticas estatales. Era lo que se preveía que iban a hacer, pero no dejamos de repudiar este tipo de relaciones construidas en un ‘toma y daca’”, agregó.
Por qué no
Consultada sobre los principales puntos en los que se basa el ARI para oponerse a la reforma, recordó que el Consejo de la Magistratura llevó dos años de discusión dentro del Parlamento “y lo que se trató desde los distintos bloques fue de equilibrar en la cantidad de miembros y la representación que tenían sectores académicos, jueces, abogados, representantes políticos, para que ninguno de estos sectores tuviese una hegemonía tal que pudiese trabar los procesos de enjuiciamiento o de designación de jueces. La actual senadora Kirchner, cuando era diputada, votó y discutió durante esos dos años esta conformación del Consejo, pero hoy lo que se está proponiendo es la reducción de miembros de 20 a 13 con una reducción de la segunda minoría, de la oposición”.Más allá de la cantidad de miembros, la cuestión pasa porque se reduce “a instancia de sectores minoritarios, dándole al oficialismo una mayoría tal que, si se opone, es imposible juzgar e imposible nombrar”.
El retroceso
Luego de lograr la creación del organismo sobre la base de un equilibrio, este proyecto da marcha atrás con este avance, sostienen el ARI y un gran número de organizaciones vinculadas con el fortalecimiento de la democracia. “Nosotros hicimos una conferencia de prensa y una reunión con los sectores sociales vinculados, la federación de abogados, el observatorio de calidad del estado de derecho, la asociación judicial, el CIPEC, Poder Ciudadano, ADC, la asociación de abogados de Buenos Aires, la asociación de abogados laboralistas, la federación jurídica argentina, un sector de Madres de Plaza de Mayo, la FORES, la pastoral social arquidiocesana de Buenos Aires, una cantidad de asociaciones presentes a instancias de la oposición”, enumeró, y de hecho estas entidades y los cuestionamientos expresados a través de los medios de comunicación, frenaron la sesión del 28 de diciembre, en la que se esperaba la aprobación del proyecto.“El kirchnerismo sostiene que el Consejo de la Magistratura en sí mismo no garantiza independencia, y esto es una falacia, nadie lo plantea así, lo que se está planteando es el grado de participación que tengan las minorías parlamentarias, los abogados y el sector político dentro del Consejo de la Magistratura. Eso es lo que en realidad condiciona la caracterización del juez a elegir o a enjuiciar. El equilibrio de las fuerzas dentro del Consejo es lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial”, remarcó.De resultar aprobado el proyecto, como puede preverse a partir del esfuerzo presidencial con los gobernadores de provincia, la endeble democracia argentina dará “un paso atrás, claramente”, en materia de transparencia en la designación de quienes deben impartir justicia. “Esto muestra qué considera el Ejecutivo un problema: las minorías parlamentarias y los sectores de abogados que Kirchner no puede manejar”, aseguró la diputada fueguina.