Al legislador porteño del ARI Fernando Melillo se lo ve cansado tras las dos sesiones maratónicas que culminaron la semana pasada con el juicio político al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por el incendio en República Cromañón. “Fuimos los primeros en denunciar la política buitre de Macri, pero el Gobierno entró a jugar en ese terreno. Hay que llegar a la verdad y la justicia”, dice, tras prender su pipa. Aunque preside el bloque del ARI, antes de la votación se especuló con que cambiaría su voto, habida cuenta de que su esposa es la secretaria de Educación porteña, Roxana Perazza, y que varios funcionarios son amigos suyos (el propio Ibarra fue su compañero en el Colegio Nacional de Buenos Aires). “No tuve dudas de lo que iba a votar; sí me compromete afectivamente”, reconoce.
–¿Habló con Carrió tras la votación?
–No. La última vez que hablamos fue justamente para que los dictámenes no surgieran antes de las elecciones, porque hubiera tenido que ver con una utilización electoral. Antes que esto, cuando apoyamos el dictamen de la comisión investigadora acordamos en que debían estar todas las garantías constitucionales de derecho de defensa. No hablamos de nuevo porque no hay variación sobre esto. Ningún legislador del ARI va a prejuzgar, porque no jugamos con las instituciones ni con los derechos de las personas.
–¿Qué balance hace el ARI del inicio del juicio político?
–Quiero separar muy claramente dos cosas que han estado todo el año mezcladas: las maniobras eventuales de desestabilización institucional y de capitalización política que, en un primer momento, realizó el propio macrismo. Y volvió ahora Macri a aparecer después de la suspensión de Ibarra. Hay que separar ese juego del macrismo, en el que cayó el propio gobierno de Ibarra, del tema de fondo de por qué llegamos al juicio político.
–Antes de la votación, ¿discutieron si estaban favoreciendo al macrismo?
–No, es que no se puede. Por eso quiero separar. Planteamos desde el principio que había que llegar a la verdad, la justicia y el nunca más sobre este tema. Fuimos los primeros en denunciar la política buitre en el marco de la tragedia, pero el Gobierno entró a jugar en ese terreno. –¿Cómo entró en el juego?–Ibarra llevó a una votación sobre la interpelación, en lugar de venir a la Legislatura, que era lo lógico. Bastaba con que hiciera lo que después hizo: venir por su cuenta. Luego cometió otro error, que fue el llamado al referéndum. Esto forzó una herramienta institucional, que se usa para revocar un gobernante y que intentaron usar para legitimarse. El otro error grave tuvo que ver con vaciar la comisión investigadora de representantes del oficialismo. Llevó a mezclar las especulaciones políticas con la investigación.
–El oficialismo argumenta que los echaron...
–Eso podría valer para un día, donde hubo alguna violencia, pero no vale para todo el proceso. La comisión no trabajó dos días para llegar a la verdad y deslindar las responsabilidades: del Estado nacional, de la Ciudad, normativas que podían no ser las adecuadas, de la policía, de empresarios inescrupulosos, además de elementos socioculturales, como la cultura del rock, que fue al límite con el riesgo. Este camino no se pudo hacer bien y nos obliga a llegar a una acusación. Lo que votamos no supone una condena, sino una última instancia en la que, con todas las garantías constitucionales, el jefe de Gobierno haga su descargo y deslinde responsabilidades. Además, Ibarra cometió otro error importante: cuando él presentó su descargo, pidió la nulidad de tres puntos centrales. Y no hizo lo que se tiene que hacer siempre: hacer un descargo eventual, por si le rechazaban la nulidad. No lo hizo, seguramente porque pensaba que los números en la votación no iban a propiciar la acusación.
–Si bien no hay actualmente legisladores del ARI en la sala juzgadora, puede haberlos con la renovación de la Legislatura. ¿Cuál es la posición frente a la posible destitución de Ibarra?
–Nosotros pensamos que la tragedia es gravísima y la instancia de un juicio político al tercer jefe de Gobierno, a nueve años de la vigencia de la autonomía de la ciudad, es un tema muy grave. De ninguna manera, si el ARI forma parte de la Sala Juzgadora, vamos a prejuzgar. Queremos que ahora se llegue a la instancia donde el jefe de Gobierno haga su descargo sobre la acusación. Había elementos suficientes para acusar y no había elementos suficientes para desestimar un juzgamiento. Por eso votamos el juicio. Nosotros creemos que hay elementos para acusar, no para condenar.
–¿Ibarra tiene posibilidades de no ser destituido?
–Tendrá todas las posibilidades de defenderse. Tiene que tenerlas. Un juicio político no es como uno penal, pero tampoco es un juicio sumario. No pensamos que deba ser un juicio sumario y con opiniones preconcebidas.
–Tras la votación, Ibarra tildó el juicio de “golpe institucional”.
–Eso no lo puedo compartir porque es volver a mezclar las cosas. Si Ibarra no hubiera cometido los errores que mencioné, a lo mejor no llegábamos a esta instancia. Puede ser que haya sectores que quieran utilizar esto, pero no es la posición del ARI. No propiciamos ningún golpe institucional. Esto se debe resolver alojando la parte de justicia que le corresponde a una institución política, después estará la instancia penal.
–¿Qué lectura hacen ustedes sobre el planteo de Ibarra de que Macri es el principal impulsor del juicio?
–Estamos en el momento en que tiene que haber máxima transparencia, claridad en la defensa y absolución o destitución. Justamente, el ARI nunca mezcló las especulaciones políticas con este tema y no lo vamos a hacer ahora.
–¿Es desprolijo que la sala juzgadora no tenga todavía reglamento?
–Sí, bueno. En realidad, tampoco la Sala Acusadora tuvo un reglamento al comienzo. Es subsanable, porque se puede aprobar un reglamento utilizando otras experiencias.
–¿Quién debe aprobarlo? ¿La propia comisión o el pleno del cuerpo?
–No, el reglamento lo aprueba la respectiva sala.
–¿Considera que la Sala Juzgadora debe mantener su composición actual o renovarse tras el 10 de diciembre?
–No tenemos posición tomada, porque es verdad que hay un vacío respecto de esta temática en la Constitución porteña. Efectivamente, es opinable. Yo no quisiera pronunciarme hasta ver qué opinan los miembros de la sala juzgadora y los constitucionalistas. Nosotros estamos consultando a especialistas en el tema.
–En su discurso en la sesión mencionó que tiene no sólo a su esposa en el Gobierno porteño sino varios amigos. ¿Cómo sigue su relación con ellos?
–Compañero de secundario, fui sólo con Ibarra. Bueno, esto fue hace una semana y supongo que seguirá igual, como ocurrió en otras oportunidades en las que tuvimos diferencias políticas. Hubo momentos donde estuvimos de acuerdo y momentos en los que no. No somos amigos de la conveniencia, sino de la vida. En algunos casos, nuestros hijos se han hecho amigos y eso no lo podemos romper por diferencias políticas.
–¿Y con los familiares de la víctimas de Cromañón?
–No tengo contacto, salvo con algunos familiares que conozco desde hace años, como el propio Pablito Blanco, el padre de Lautaro. Preferí no agregar más carga subjetiva: era demasiado agobiante la que ya tenía, porque tengo hijos en la edad de esos chicos y con su misma cultura del rock.
–¿En algún momento dudó sobre lo que iba a votar?
–Con respecto a lo que iba a votar, no tuve dudas. Si afectivamente me compromete, sí. No es lo mismo que opinar sobre gente que no conozco.
–¿Nunca pensó en excusarse?
–No me excusé porque, en una instancia acusadora, las generales de la ley son al revés: si por mi vínculo yo me excuso, hubiera sido acusado de favorecer los intereses familiares. En la sesión, incluso me ausenté un segundo a fumar mi pipa y salió una placa roja de Crónica: “Melillo se retira descompuesto”. Sí me tendría que excusar en una instancia juzgadora.
La Diputada Nacional por el ARI, Fabiana Ríos, junto a la referente nacional del partido, Elisa Carrió, denunció que “de 120 mil viviendas proyectadas en todo el país, solo se construyeron 46, de 700 escuelas se edificaron 7 y el 63% de la obra vial fue entregado a 4 empresas de Santa Cruz”, todas comprendidas en el Plan Federal de Viviendas, sosteniendo que “todo eso está puesto en consideración de las páginas oficiales del Ministerio de Economía”. 
