INTERVENCION DE SANTIAGO DEL ESTERO
EXPOSICION DEL DIP. ADRIAN PEREZ
Señor presidente: adelanto que nuestro bloque va a votar favorablemente este proyecto de intervención a los tres poderes de la provincia de Santiago del Estero. No obstante, vamos a hacer algunas observaciones, fundamentalmente en lo que respecta a las facultades de prórroga que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo. También vamos a formular algunas observaciones acerca de las restricciones o limitaciones al interventor federal que entendemos tiene que establecer el proyecto.
Nosotros creemos que la prórroga debe ser otorgada únicamente por el Congreso, que es el órgano habilitado constitucionalmente para ello.
Hoy está claro –aunque ya lo estaba desde hace mucho tiempo que las circunstancias de deterioro institucional que sufre la provincia de Santiago del Estero ameritan claramente que se proceda de acuerdo con lo que establece el artículo 6° de la Constitución Nacional a la intervención federal de la provincia atento a las graves circunstancias que todos conocemos: una violación sistemática de los derechos humanos; un avasallamiento permanente a la división de poderes; una cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo; la presión permanente; la inexistencia de la libertad de prensa en la provincia y la utilización sesgada de los recursos públicos como forma de construcción de un poder feudal, que lleva mucho tiempo de dominación en dicha provincia.
Creo que en este sentido, todos coincidimos. Lo raro es que esto haya sido descubierto en las últimas semanas, a juzgar por la exposición que acabamos de escuchar del representante del bloque mayoritario. La verdad es que resulta irrisoria la declaración de que cada minuto es un día y cada día es un siglo, expresada recientemente por quien defiende la postura del bloque mayoritario. Digo que esta postura resulta irrisoria teniendo en cuenta el prolongado tiempo que ha transcurrido desde que nuestro bloque solicitara la urgente intervención a la provincia de Santiago del Estero, o por lo menos el urgente tratamiento por parte de este Parlamento del proyecto de intervención.
Quiero recordar que en julio de 2003 el entonces diputado Tazzioli, del interbloque del ARI –que lamentablemente hoy ya no nos acompaña , presentó un proyecto de intervención a la provincia de Santiago del Estero a raíz de lo que se dio en llamar el crimen de la Dársena y de otros hechos terribles que develaban la inexistencia de la administración de justicia y la cooptación del Poder Judicial por parte del poder político en esa provincia. Concretamente, se repetían escenas que habíamos vivido hace algún tiempo en la provincia de Catamarca. En realidad, se trataba de un caso donde nuevamente se encontraban involucrados los hijos del poder y donde nuevamente el Poder Judicial trataba de mantener la impunidad de aquellos sectores políticos.
Cabe aclarar que aquella presentación de julio de 2003 estaba avalada también por muchas organizaciones sociales que venían trabajando en la provincia de Santiago del Estero; estoy haciendo referencia a los múltiples informes y denuncias del Colegio Público de Abogados, de los movimientos de vecinos, de las Madres del Dolor, e inclusive del obispado local a cargo de Juan Carlos Maccarone, que había logrado movilizar fuertemente a la sociedad santiagueña.
Ante la falta de respuesta durante mucho tiempo por parte del bloque mayoritario, a principios de este año insistimos nuevamente con un nuevo proyecto de intervención
a los tres poderes de la provincia de Santiago del Estero.
Por otro lado, no debemos olvidar que en septiembre de 2003 conocimos un informe de la Secretaría de Derechos Humanos –que ha realizado un trabajo muy interesante , que reflejaba que en esa provincia existía un atropello permanente de las libertades republicanas, una continua persecución por parte de los organismos de inteligencia sobre la población civil y una ausencia completa de independencia, transparencia y objetividad por parte del Poder Judicial. En dicho informe se denunciaba, además, que la institución policial era utilizada como un instrumento de dominación política, para lo cual recurría a los apremios ilegales, a la tortura y al gatillo fácil como una forma de dominación de los sectores que manifestaban su disconformidad con el régimen juarista.
En el informe de la Secretaría de Derechos Humanos se denunciaba también que el manejo de los fondos públicos era utilizado en forma clientelar y que en la provincia no existía libertad de prensa ya que, por el contrario, se recurría a las amenazas y a la intimidación permanente hacia los periodistas.
Quiere decir que el propio gobierno reconocía la necesidad de intervenir una provincia en la que no existía el estadio republicano.
Con posterioridad se produjeron los hechos que todos conocemos. Me refiero a la denuncia por malversación de fondos por parte de la gobernadora y de otros integrantes del poder político juarista. Estoy hablando también de las amenazas que recibió el gerente de la ANSES de Santiago del Estero, con coacción agravada. Recordemos además las denuncias que surgieron a partir del reconocimiento por parte de un funcionario policial de que la gobernadora era la autora ideológica de una agresión en banda y agravada hacia el diputado nacional Figueroa.
Por todo ello, no encontrábamos los motivos por los cuales se daba esa situación de protección por parte de la bancada oficialista frente un hecho de extrema gravedad y de deterioro institucional como el que sufría la provincia de Santiago del Estero.
Lo cierto es que las respuestas que surgieron del oficialismo fueron una tomada de pelo. El señor ministro del Interior nos decía que la provincia tenía que recurrir a los canales institucionales provinciales, pero nada decía acerca de que frente a la existencia de un poder feudal se coopta la posibilidad de la vía institucional para solucionar cualquier problema.
Por esa razón, la Justicia no investigaba las causas que involucraban a la gobernadora, a su esposo y a los demás funcionarios políticos vinculados con el juarismo, y los pedidos de desafueros eran permanentemente vetados en la legislatura provincial. Durante todo este tiempo sinceramente sentimos que las respuestas del oficialismo y del ministro del interior eran una tomadura de pelo.
Independientemente de que vamos a apoyar este proyecto, ya que es bienvenida la decisión del Parlamento de aprobar la intervención a la provincia de Santiago del Estero, no entendemos cuáles son los criterios que se aplican en la toma de decisiones en este Congreso. Al respecto, quiero alertar a los señores diputados por los riesgos que corremos que el Parlamento quede atado en su toma de decisiones a las vicisitudes de la interna del partido mayoritario. Digo esto porque la verdad es que entre las declaraciones del señor ministro del Interior de la semana pasada y la decisión firmada por ese mismo ministro esta semana, lo único que se produjo fue el altercado en el Congreso Nacional del Partido Justicialista
Estas cuestiones deben abordarse con la seriedad que corresponde. Es cierto que a confesión de parte relevo de prueba, pero es difícil entender que alguien diga que es mejor ser acusado de retardatario que de apresurado. En este caso ha sido el pueblo de la provincia de Santiago del Estero el que ha sufrido el costo de esta increíble demora del Parlamento nacional.
Compartimos algunos criterios planteados por otras bancadas. Me refiero concretamente a lo que se señaló desde la bancada del radicalismo en cuanto a la necesidad de que desde la Auditoría General de la Nación se monitoree y controle la gestión del interventor, fundamentalmente teniendo en cuenta las experiencias frustradas en esta materia en nuestro país. Sin ir más lejos podemos mencionar la intervención a cargo del señor Schiaretti, con denuncias de malversación de caudales públicos y de enormes irregularidades en materia de manejo de la cosa pública.
De la misma forma que somos críticos cuando creemos que debemos serlo, apoyamos aquello que consideramos correcto. En tal sentido queremos destacar el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que elaboró dos informes contundentes sobre la necesidad de esta intervención federal.
Finalmente, debo señalar que nos preocupa el reconocimiento de la demora. Hace algún tiempo bajaban en gran soledad muchos compañeros de mi bloque y de otros bloques minoritarios para tratar la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, una cuestión que demoró demasiado tiempo porque todos sabíamos de la necesidad de que el país se encaminara en la búsqueda de la verdad y la justicia y que para ello era necesario anular aquellas normas.
Del mismo modo nos demandó muchísimo tiempo abordar en este Parlamento el juicio político a los miembros de la Corte Suprema para producir la necesaria renovación en una institución que había generado un manto de impunidad sobre determinados sectores políticos en la Argentina.
Hoy, también con mucho retraso, vamos a tratar la intervención a la provincia de Santiago del Estero. Solicitamos que este reconocimiento de la demora por parte de la bancada oficialista tenga una mayor consideración, dado que en cada demora se van las instituciones y se juega el destino de nuestra Nación.