Datos del informe que El ARI aportó a la Justicia
El ARI presentó, ante la Fiscalía que sigue el caso Southern Winds, un informe que contiene “importante información a la causa por narcotráfico”, aseguraron representantes de esa fuerza política. El informe fue elaborado, entre otros, por la diputada fueguina Fabiana Ríos.
Sobre el final de la semana anterior el ARI se presentó esta ante la Fiscal que sigue el caso de narcotráfico en valijas, que fueron trasladadas por Southern Winds, para aportar un informe realizado por las diputadas nacionales Fabiana Ríos y Laura Musa, el titular del Bloque Eduardo Macaluse y la Directora del Area de Transparencia del Instituto Hannah Arendt, Paula Olivetto.El trabajo se titula “Acción e Inacción del Estado en la lucha contra el narcotráfico” y en él los legisladores del ARI comienzan su relato con la historia de la empresa SW, desde su inicio y hasta el incidente ocurrido en España con las valijas. En el informe también se analiza el estado contable de la empresa, según lo registrado en la Inspección General de Justicia, de esta manera se llega a la conclusión que “podemos inferir que, el presidente de Aeropuertos 2000, concesionario de Ezeiza, tenía mediante una sociedad “off shore” (Bixesarri S.A.) el 30% del paquete accionario de la línea aérea y que dicha sociedad fue ocultada mediante una persona de su confianza al que integró en el directorio de SW”, dicen desde el ARI.El ARI le aportó a la Fiscalía, a través del texto, que “En el ejercicio 2001/2002, la empresa tenía un Pasivo total de $79.783.787, y un Patrimonio Neto de $2.663.096 . Para el ejercicio siguiente tales rubros ascendían a $ 144.348.904 y $–46.729.324 (es decir un Patrimonio Neto negativo). Vale destacar que la circunstancia de tener un Patrimonio Neto negativo debiera haber implicado la disolución de la firma en virtud de lo normado en el inciso 5 del art 94 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, pero tal disolución no ocurrió dado que el Poder Ejecutivo suspendió la vigencia de dicho artículo hasta el 10 de Diciembre de 2003, a través del Decreto 1269/2002”, destacan.
Cada vez menos aviones
Ríos, Musa y Macaluse agregan: “surge también de las Notas a los Estados Contables del ejercicio 2001/2002 que con fecha 27 de Junio de 2002 firmó un contrato para devolver 10 aeronaves –4CJR y 6 Dash- a través de la cancelación anticipada de los contratos de leasing oportunamente firmados. El 17/10/03 SW firmó un acuerdo similar para devolver otra aeronave. Así SW pasa de tener 15 aeronaves a su cargo -bajo la forma de contratos de leasing operativo- a tener sólo 4 , según informa la firma.” Después agregan “Para ponerlo en números contundentes: en los dos años anteriores a Junio del 2003 –vale remarcar, los dos años anteriores a la creación de LAFSA- la empresa tuvo pérdidas por más de 100 millones de pesos; y en ese período también se desprendió de 2/3 de la flota”.
La creación de LAFSA
Respecto de LAFSA, el Informe sostiene que “Según consta en el Acta N°1 del Directorio de la S.A. de fecha 30 de julio de 2003, fueron designados como presidente, El Ing. José Alberto Bidart (operador político del Ministro) en representación del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública, a cargo del Arq. Julio De Vido, en calidad de Vicepresidente, el Brigadier Jorge Eduardo Baravalle por el Ministerio de Economía, sindicado como consuegro del Ministro de Economía Roberto Lavagna, y finalmente como director al Lic. Nicolás Scioli, en representación de Intercargo, hermano del Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, quien según lo informado por el jefe de Gabinete en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación es el único miembro del Directorio que percibe sueldo en ésa compañía”, denuncian desde el ARI.
Responsabilidades
El extenso informe continúa con datos relacionados con la característica del acuerdo LAFSA- Southern Winds y sus consecuencias, las responsabilidades que les podría caber por lo ocurrido a diferentes funcionarios nacionales de distintos entes, organismos y fuerzas armadas o de seguridad. En el tramo final se realizan una serie de preguntas relacionadas con estas responsabilidades y concluyen con una final, donde los diputados del ARI requieren “Por qué el Presidente de la Nación se dispone a pagar un alto costo político para proteger a funcionarios de segunda línea con innegables responsabilidades en los hechos?”.